La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas están diseñadas para agilizar trámites, reforzar la trazabilidad de los procesos y prevenir actos de corrupción. Enfatizó que estas modificaciones permitirán evitar demoras burocráticas que históricamente han frenado el arranque de obras y el ejercicio eficiente del presupuesto público. Las reformas, dijo, forman parte del Plan México, cuyo eje central es fortalecer las cadenas productivas nacionales y privilegiar la adquisición de bienes hechos en el país.
La secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, detalló que las nuevas disposiciones incluyen mecanismos como subastas inversas, adjudicaciones directas con estrategias de negociación y diálogos competitivos cuando no haya suficiente oferta en el mercado. Asimismo, se reforzarán las compras consolidadas y los acuerdos marco para lograr mejores condiciones de compra, al tiempo que se exigirá un mínimo de 65 % de contenido nacional en los bienes adquiridos. También se contempla apoyar a pymes y cooperativas mediante licitaciones exclusivas, pagos puntuales y acompañamiento institucional.
En el ámbito de la obra pública, las reformas permitirán reducir hasta en una tercera parte los plazos de contratación, a través de estudios de mercado y diálogos estratégicos entre gobierno y proveedores. Se dará prioridad a empresas locales para fomentar la economía regional y se establecerá responsabilidad solidaria para los supervisores de obra. Finalmente, para evitar abusos en contrataciones entre entes gubernamentales, como los que se observaron en la llamada “Estafa Maestra”, se limitará la subcontratación al 49 % en este tipo de convenios.
