Desde la Oficina Oval, el expresidente Donald Trump lanzó una nueva amenaza contra los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: embargar sus bienes y salarios si no optan por regresar voluntariamente a sus países en los próximos meses.
En un mensaje videograbado y difundido por la Casa Blanca, Trump advirtió que quienes permanezcan en el país ilegalmente enfrentarán “largas penas de prisión, enormes sanciones económicas, confiscación de todos sus bienes, embargo de salarios, encarcelamiento y deportación repentina”.
La advertencia acompaña la firma de una orden ejecutiva que activa un polémico programa de autodeportación. Este ofrece vuelos gratuitos y mil dólares como incentivo económico para quienes decidan regresar por cuenta propia.
Pese a la contundencia del discurso, la legislación migratoria actual solo permite la confiscación de bienes en casos relacionados con delitos graves, como el narcotráfico, y bajo procesos judiciales específicos. Además, el decreto presidencial no incluye presupuesto asignado, aunque ordena al Departamento de Seguridad Interna crear una “fuerza de deportación” de al menos 20 mil elementos, apoyada por autoridades locales.
