El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una serie de denuncias penales en contra de figuras clave del movimiento encabezado por Morena, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, varios gobernadores en funciones y exfuncionarios de alto nivel, por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de senadores, diputados y militantes de su partido, informó que los señalamientos se sustentan en diversos informes y denuncias públicas. Entre los acusados también figuran Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas), Mario Delgado (líder nacional de Morena), Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa), Alfonso Durazo (gobernador de Sonora), Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California), Layda Sansores (gobernadora de Campeche), Manuel Bartlett (director de la CFE), y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario.
“Se trata de denuncias con base en hechos documentados, que apuntan a una presunta protección o colusión con organizaciones criminales. No se trata de acusaciones a la ligera, sino de un paso firme para combatir la impunidad que ha imperado en varios estados del país bajo gobiernos morenistas”, declaró Moreno Cárdenas.
El dirigente tricolor destacó que, en el caso de Tamaulipas, existen informes internacionales que vinculan al gobernador Américo Villarreal con la protección de grupos delictivos. En Sonora, señaló que Alfonso Durazo mantiene al estado sumido en la violencia y también ha sido relacionado con redes criminales. En Sinaloa, Rubén Rocha fue acusado de operar con impunidad y de encubrir actividades ilícitas.
La denuncia también incluye al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a quien acusan de haber permitido el avance del crimen organizado durante su administración.
Alejandro Moreno aseguró que el PRI no cesará en su exigencia de justicia y pidió a la FGR dar curso a las investigaciones con independencia y transparencia. “Lo que está en juego es el Estado de Derecho y la seguridad del país”, concluyó.
