Al presentar el primer informe sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la velocidad autorizada en el tramo del accidente era de 50 kilómetros por hora; sin embargo, la unidad circulaba a 65 km/h al momento de tomar la curva donde ocurrió el siniestro, según los registros obtenidos de la caja negra.
La titular de la FGR descartó de manera preliminar fallas mecánicas en la locomotora o deficiencias en la infraestructura ferroviaria, por lo que el hecho apunta a una presunta negligencia en la operación del tren.
Ante estos hallazgos, Godoy Ramos confirmó que se ejercerá acción penal por los posibles delitos de homicidio y lesiones culposas, al establecerse que el accidente no fue provocado por factores externos ni por condiciones del sistema ferroviario.
El descarrilamiento ocurrió el pasado 28 de diciembre en el kilómetro 230 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el poblado de Nissanda, Oaxaca. Desde el primer día, personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional inició la carpeta de investigación, con el despliegue de peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
Hasta el momento se han realizado inspecciones a más de cinco kilómetros de vía antes y después del punto del accidente, revisiones técnicas a dos locomotoras y cuatro coches acoplados, así como el levantamiento topográfico y la recuperación de la caja negra.
De acuerdo con los peritajes, no se detectaron daños previos en rieles, durmientes, balasto o subestructura que no fueran consecuencia directa del descarrilamiento. Asimismo, las revisiones a las ruedas, superficies de rodadura y sistemas de acoplamiento —en un tren con peso aproximado de 400 toneladas— confirmaron que la unidad se encontraba en condiciones mecánicas adecuadas y dentro de la normatividad vigente.
