La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su profundo respaldo y solidaridad con el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, tras su destitución e inhabilitación temporal por un año dictada por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La organización gremial advirtió que tanto el procedimiento administrativo sancionador como la resolución estuvieron precedidos por descalificaciones públicas desde las conferencias matutinas del Ejecutivo federal, lo que genera sospechas sobre una actuación motivada por intereses políticos que socava la independencia judicial en el país.
El conflicto legal tiene su origen en resoluciones emitidas entre julio y octubre de 2022 en Colima, donde el entonces juzgador federal realizó un control judicial en procedimientos abreviados y ajustó las penas propuestas por la Fiscalía General de la República (FGR), tomando en cuenta la ausencia de antecedentes penales de los procesados. Aunque estas interpretaciones jurídicas generaron discrepancias de criterios entre tribunales de apelación —una controversia que debió caucearse mediante los recursos legales ordinarios—, el TDJ emitió la sanción disciplinaria y presentó una denuncia penal ante la FGR en contra del juez el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió públicamente al caso.
Por su parte, la defensa legal del juzgador denunció diversas irregularidades procesales, como la imposición de suspensiones provisionales por parte de comisiones sin facultades formales y la dilación en la entrega de actas. Ante las acusaciones, el magistrado inhabilitado rechazó cualquier conducta de corrupción, argumentando que sus fallos buscaron equilibrar la protección de los derechos humanos frente al uso excesivo de la prisión preventiva, y advirtió que el uso del aparato disciplinario busca infundir temor entre los juzgadores de carrera.
