Al menos 14 agrupaciones que operan en municipios conurbados del Estado de México han sido identificadas por autoridades por usurpar funciones de grupos sociales o sindicatos, mientras están vinculadas con delitos como extorsión, robo de combustible (huachicoleo) e incluso homicidios.
Estas organizaciones han desplazado su operación hacia el control ilegal de inmuebles, apropiándose de propiedades bajo amenazas o mediante documentos apócrifos, aprovechando vacíos legales y complicidad local. Las autoridades ya han iniciado investigaciones para frenar esta nueva modalidad delictiva que, además de generar violencia, atenta contra el patrimonio de familias mexiquenses.
El fenómeno se ha extendido principalmente en zonas conurbadas donde el crecimiento urbano desordenado y la falta de vigilancia han favorecido su expansión.
