La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debatió este martes la Reforma al Poder Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Durante la audiencia, encabezada por Roberta Clarke, representantes del gobierno mexicano defendieron la medida, mientras especialistas en derechos humanos expresaron serias preocupaciones sobre sus implicaciones.
Luz Baños, embajadora de México ante la OEA, y José Antonio Montero Solana, consejero jurídico de Sheinbaum, argumentaron en favor de la reforma. Montero Solana aseguró que la medida busca acercar la justicia a la ciudadanía y es «una realidad en México,» respaldada por un amplio apoyo popular.
Sin embargo, la reforma fue fuertemente cuestionada por especialistas en derechos humanos. Carlos Bernal Pulido, del Instituto Internacional de Derechos Humanos, mostró su preocupación por la propuesta de elección popular de jueces, calificándola como «sospechosa.» Marieclaire Acosta, presidenta de Justicia Transicional de México, criticó el uso de mayorías populares para debilitar la independencia judicial, advirtiendo que la reforma podría reemplazar el mérito por la popularidad. Además, la jueza mexicana Carmen López denunció que la reforma implica un riesgo de nepotismo y constituye una «violación a los derechos humanos en México.»
Durante los 90 minutos de la audiencia, el debate se centró en los riesgos que esta reforma podría representar para la independencia judicial, especialmente por la pérdida de pesos y contrapesos con la designación de magistrados desde una plataforma política.
