Un contrato por 8 millones 644 mil 86 pesos otorgado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para los comicios de 2020-2021 figura entre las adjudicaciones vinculadas a un conglomerado de empresas que actualmente es investigado a nivel federal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagan a esta red de proveedores por presuntas irregularidades, simulaciones de competencia y posible triangulación de recursos en contrataciones con el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos organismos estatales.
Las investigaciones identifican al menos siete compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. En el caso específico de Querétaro, aunque se tiene documentado el gasto millonario destinado a la producción de material electoral, los reportes actuales no precisan cuál de las firmas del grupo obtuvo la adjudicación, ni confirman que el procedimiento local cuente hasta el momento con observaciones directas por parte de los entes fiscalizadores.
A nivel nacional, el alcance de esta red abarca adjudicaciones en al menos 13 entidades federativas, donde empresas como Cajas Graf y Formas Finas y Materiales concentran cientos de millones de pesos en contratos. Las indagatorias tomaron fuerza en marzo de 2024 tras detectarse anomalías en un contrato directo del INE por más de 63.2 millones de pesos. Asimismo, el caso ha puesto bajo la lupa los vínculos históricos entre este grupo empresarial y la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, relación que se remontaría a su gestión electoral en Sonora en 2014, aunque hasta el momento no se ha acreditado una responsabilidad formal en su contra.
