El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”, no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, pudieron actuar para impedir la “desaparición y asesinato” de los normalistas, son las tres conclusiones preliminares del informe sobre los hechos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los cuales se presentaron esta tarde en Palacio Nacional, por el presidente de esa comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.
“Todas las autoridades estuvieron informadas de la toma de camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución que fueron objeto (los jóvenes), por lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción u omisión, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes“.
Con la revisión y análisis de todos los elementos para esta investigación, es posible acreditar plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos, para llevar a cabo la desaparición de los muchachos.
Además, se comprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía un elemento infiltrado en la normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien es uno de los 43 desaparecidos, y pese a ello, los mandos militares de la región no realizaron acciones para su protección y búsqueda, lo que pudo impedir no solo su desaparición, sino la del resto de los jóvenes.
