La implementación de la CURP Biométrica ha generado un profundo debate nacional en México, en especial por los riesgos que podría implicar para la privacidad de los ciudadanos. Aprobada por el Senado en junio de 2025 como parte de la reforma a la Ley General de Población, la nueva CURP —que integra fotografía, huellas digitales y reconocimiento facial— se perfila como el nuevo documento oficial de identidad, tanto físico como digital.
El gobierno federal ha señalado que esta medida tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de identificación y localización de personas desaparecidas, así como agilizar trámites en salud, educación, empleo y programas sociales. No obstante, las críticas no se han hecho esperar.
Diversos sectores de la población, incluidos legisladores y defensores de derechos digitales, han advertido que esta recolección masiva de datos biométricos podría ser vulnerada o mal utilizada, especialmente ante la ausencia de controles sólidos sobre el acceso, uso y resguardo de la información. El temor central radica en que la CURP biométrica facilite mecanismos de vigilancia masiva y exclusión social, afectando incluso a menores de edad.
Aunque ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la ley establece que las autoridades de todos los niveles tienen 90 días para poner en marcha el sistema. Las dependencias que no cumplan enfrentarán multas de hasta 2.2 millones de pesos.
Además, a partir de su implementación, la CURP biométrica será requisito obligatorio para realizar trámites esenciales como:
- Inscripciones escolares
- Acceso a servicios de salud
- Participación en programas sociales
- Trámites de empleo formal
Quienes no cuenten con esta versión de la CURP quedarán fuera del sistema administrativo, lo que ha sido calificado por analistas como una forma de coerción tecnológica.
Actualmente, el único estado con programa piloto activo es Veracruz, en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, donde los ciudadanos deben acudir al Registro Civil con acta de nacimiento, identificación oficial, CURP clásica, comprobante de domicilio y un correo electrónico.
En Querétaro, aún no ha iniciado el proceso, pero se espera que comience en los próximos meses conforme se extienda el sistema a todo el país.
Mientras el gobierno promete eficiencia, seguridad y modernización administrativa, la sociedad civil exige garantías, transparencia y límites claros para evitar que este avance tecnológico se convierta en un retroceso en derechos fundamentales.
