El abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, informó que ciudadanos han denunciado que siete candidatos que buscan un puesto en el Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con crimen organizado o violencia de género.
Cuatro de ellos competirán por ser jueces o magistrados en materia penal y han sido señalados por supuestos vínculos con el narcotráfico, mientras que tres aspirantes enfrentan denuncias por acoso y violencia de género.
La organización presentará el próximo lunes una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar que estos candidatos sean eliminados de la boleta electoral antes de la elección judicial del 2 de junio de 2025.
Candidatos vinculados con crimen organizado:
- Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal, representó a capos de Los Zetas, incluyendo a «El Chelelo» y «Z40», además de haber sido sentenciado por portación ilegal de arma de fuego.
- Andrés Montoya, exadministrador penitenciario en Sonora, señalado por la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota.
- Jesús Humberto Padilla Briones, detenido con drogas y un arma en Nuevo León, ahora busca ser juez penal.
- Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado federal en Sonora, acusado de violaciones a derechos humanos en cárceles.
Candidatos denunciados por violencia de género:
- Francisco Martín Hernández Zaragoza.
- Edgar Agustín Rodríguez Beiza.
- Un tercer candidato cuya identidad se reserva por solicitud de las víctimas.
Uno de los aspirantes fue destituido en 2015 por abuso sexual, sanción que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero su candidatura fue aprobada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.
Si el INE no excluye estas candidaturas, Defensorxs promoverá un juicio electoral para impugnar la inclusión de los señalados en la contienda.
