La revisión histórica del pasado de represión en México, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha concluido con la presentación del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). Este documento identifica al menos 8,594 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Sin embargo, el proceso enfrentó obstáculos significativos, como el desacato del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para abrir sus archivos, a pesar de la orden presidencial. Ambos organismos son señalados como parte de un entramado institucional que perpetró estas violaciones durante décadas y que, al no rendir cuentas, aún persiste en el país.
El informe titulado «Fue el Estado 1965-1990» conecta casos del pasado, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones, con casos recientes como Ayotzinapa y Tanhuato, subrayando la continuidad de la violencia estatal y la impunidad en México. A pesar de los esfuerzos por esclarecer la verdad, el informe encontró resistencias del Ejército y el CNI durante su elaboración. El documento también presenta 142 recomendaciones dirigidas a diversas instancias gubernamentales y propone la construcción de 29 memoriales, entre ellos uno en la Novena Zona Militar en Culiacán, Sinaloa. La primera recomendación sugiere la realización de un acto solemne de disculpa pública por parte del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo.
La presentación del informe se realizó en un acto privado ante el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la presidenta de la CNDH, representantes de la Fiscalía General de la República y familiares de las víctimas. Los comisionados David Fernández, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart, autores del informe, subrayaron la importancia de que el documento sea entregado al presidente López Obrador, quien ordenó la creación de la Comisión de la Verdad. Hasta el momento, no se ha previsto un acto de entrega formal con el mandatario, y aunque la recomendación no es vinculante, los comisionados esperan que el presidente acepte el informe como cumplimiento de su orden.
