El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por su participación en el tráfico de fentanilo y su responsabilidad en el asesinato del ex marine estadounidense Nicholas Quets, ocurrido en octubre de 2024 en Sonora.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a ambos prófugos como líderes de una organización criminal hiperviolenta dentro del Cártel de Sinaloa, vinculada a la producción de pastillas falsificadas con fentanilo y su distribución en Estados Unidos. Las sanciones también alcanzan a una red de empresas radicadas en Mazatlán utilizadas para el lavado de dinero, secuestro y extorsión.
“El mandato presidencial es claro: eliminar a los cárteles de la droga”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Las medidas incluyen a Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza en Mazatlán, y al empresario José Raúl Núñez Ríos, acusado de financiar la red criminal mediante inversiones en hotelería, bienes raíces y construcción. Su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, figura como propietaria de varias de las empresas sancionadas.
Desde septiembre de 2024, los enfrentamientos por el control del territorio en Sinaloa han dejado más de 600 muertos. El Cártel de Sinaloa fue designado en febrero como Organización Terrorista Extranjera, lo que permite a Estados Unidos aplicar sanciones bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.
Como parte de la ofensiva, el Gobierno estadounidense ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita la captura de Iván y Alfredo Guzmán. Otros dos hijos de “El Chapo”, Ovidio y Joaquín Guzmán López, ya se encuentran bajo custodia en territorio estadounidense.
