Tras el incendio en la zona de El Tángano, área natural protegida que colinda con el Parque Nacional El Cimatario, la ambientalista América Vizcaíno urgió a la Profepa y a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PEPMADU) a investigar el origen del siniestro y emitir un informe público sobre las acciones a seguir.
Vizcaíno recordó que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable prohíbe que, durante 20 años después de un incendio, la Semarnat autorice cambios de uso de suelo en terrenos forestales afectados, por lo que insistió en blindar las hectáreas quemadas frente a intereses inmobiliarios.
Ambientalistas de Querétaro se sumaron al llamado, señalando la necesidad de esclarecer los daños ecológicos, determinar si hubo delitos ambientales y establecer los mecanismos de restauración, así como su financiamiento.
Aunque reconocieron el esfuerzo de brigadistas, dependencias y ciudadanos que participaron en el combate del fuego, advirtieron que la falta de acciones concretas y de prevención puede traer consecuencias graves para el medio ambiente y la sociedad.
