Colectivos de familias de personas desaparecidas demandaron su inclusión en los procesos de búsqueda e identificación, así como en la planeación de políticas públicas sobre desapariciones en el país. Su exigencia se intensificó tras el hallazgo de restos humanos y cientos de prendas en el rancho Izaguirre, en Jalisco.
A través del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, los colectivos denunciaron que su experiencia en la localización de personas ha sido ignorada por las autoridades, pese a que han aprendido a buscar cuando el Estado no lo hacía.
Asimismo, criticaron la actuación de la Fiscalía de Jalisco durante la visita de algunas familias al rancho, señalando que la falta de apoyo psicosocial y la revictimización contradicen el discurso oficial de que las desapariciones son una prioridad nacional.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional México señalaron que, además del horror de los hallazgos, las familias enfrentan el maltrato y la indiferencia institucional.
Pese a los recientes pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Gobernación sobre el tema, los colectivos consideran que no es suficiente y pidieron la creación de un espacio de diálogo que realmente incluya a las víctimas.
