El Ministerio Público Federal se prepara para imputar a 14 exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que formaron parte del equipo cercano del entonces rector y actual diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, en el caso conocido como la “Estafa Maestra Universitaria”, por el presunto desvío de más de 320 millones de pesos.
De acuerdo con documentos en poder de Diario de Querétaro, la causa penal 308/2025 investiga presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración universitaria encabezada por Herrera Ruiz. Los implicados deberán comparecer este viernes en audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México; de no hacerlo, podrían ser declarados “sustraídos de la acción de la justicia”.
Entre los citados se encuentran exdirectores, excontralores y exfuncionarios de áreas clave como Tesorería, Vinculación Tecnológica, Adquisiciones y Jurídico, quienes enfrentan acusaciones por delitos previstos en el Código Penal Federal.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 2 de diciembre de 2020 por el excontralor universitario, José Alejandro Ramírez Reséndiz, quien documentó irregularidades en el manejo de recursos mediante un dictamen de auditoría externa. De acuerdo con la denuncia, se habrían simulado convenios con instituciones federales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Banobras e Infonacot, para justificar transferencias millonarias por servicios que nunca se realizaron.
Las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a un esquema de triangulación de recursos públicos mediante la simulación de contratos y la subcontratación de terceros, con lo que se habrían desviado fondos originalmente destinados a proyectos universitarios y de investigación.
En el oficio emitido el 10 de octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial para formular imputación formal contra los investigados, advirtiendo que deberán comparecer puntualmente o enfrentar sanciones económicas y posibles medidas judiciales.
El caso representa uno de los procesos de fiscalización universitaria más relevantes en el país y podría sentar un precedente sobre la rendición de cuentas en instituciones de educación superior públicas.
