El Gobierno federal reportó el decomiso de 10 millones de litros de combustible ilegal durante un operativo realizado en marzo en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, la empresa importadora, Intanza, sostiene que le fueron confiscados 20.6 millones de litros, es decir, más del doble de lo que oficialmente se informó.
El cargamento llegó el 19 de marzo procedente de Texas a bordo del buque Challenge Procyon. Intanza presentó cuatro amparos en contra de la incautación, asegurando que se trataba de un “aditivo” legalmente importado y respaldado por una factura de la empresa estadounidense Hevi Transport LLC, así como por un pedimento de importación con fecha del 18 de marzo.
El domicilio fiscal de Intanza está registrado en un departamento modesto en la colonia Altavista de Monterrey, Nuevo León, a pocas cuadras del Tecnológico de Monterrey. Desde octubre de 2023, Intanza ha realizado otras importaciones similares, incluyendo 19 millones de litros de supuestos aditivos a granel por el puerto de Guaymas, Sonora.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Francisco Javier Antonio Martínez, actual director de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico, está vinculado empresarialmente con los accionistas de Intanza, Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez, a través de la firma Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure. Martínez asumió su cargo en marzo de 2024, justo un mes antes de que Intanza comenzara operaciones en ese puerto.
