Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que en 2018 un hacker que operaba para el Cártel de Sinaloa logró obtener registros telefónicos de un funcionario del FBI y utilizó cámaras de vigilancia de la Ciudad de México para rastrear a informantes de la agencia, algunos de los cuales fueron asesinados.
La información fue dada a conocer en una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia sobre los riesgos que representa la “vigilancia técnica ubicua”, un concepto que alude a la expansión global de cámaras y al comercio de datos masivos de geolocalización y comunicaciones.
Según el reporte, el hacker logró identificar a un agregado legal asistente del FBI en la embajada estadounidense en México, y con su número de teléfono accedió a los registros de llamadas, así como a datos de ubicación. Esa información, combinada con el uso del sistema de videovigilancia capitalino, permitió al Cártel de Sinaloa seguir los movimientos del funcionario y detectar a los informantes con los que se reunía.
El Departamento de Justicia aseguró que estos datos fueron utilizados para intimidar o incluso asesinar a testigos colaboradores de la agencia. Aunque el informe no especifica el nombre del hacker, del funcionario afectado ni de las víctimas, se señala que el ataque cibernético fue dirigido por una célula del Cártel de Sinaloa vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado a EE.UU. en 2017.
Este caso ha encendido nuevas alarmas sobre los riesgos de la combinación entre herramientas de vigilancia masiva y bases de datos privadas que pueden ser explotadas con fines criminales, incluso contra agencias internacionales de seguridad.
