El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los gobiernos federal, estatal y municipal, así como cualquier institución pública o funcionario, no podrán promover la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial.
Algunos consejeros advirtieron que la campaña de difusión impulsada por la Presidencia de la República no es imparcial, por lo que el órgano electoral estableció restricciones para evitar cualquier tipo de intervención gubernamental en el proceso.
La medida busca garantizar la equidad y legalidad en la consulta, evitando que los poderes públicos influyan en la opinión de los ciudadanos.
