El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que, ante el recorte del 52% en el presupuesto asignado por el Congreso para la elección judicial de 2025, se instalarán solo 73,850 casillas, representando el 43% de las 172,000 originalmente previstas. Además, las casillas contarán con una única urna que recibirá seis boletas, una para cada cargo en disputa.
La medida responde a un ajuste presupuestal que redujo los fondos destinados a la elección a 6,219 millones de pesos, un 47% de los 13,205 millones solicitados inicialmente. Estas decisiones están sujetas a la aprobación del Consejo General del INE.
Con la disminución de casillas, también se reducirá el personal encargado de capacitar a ciudadanos para la jornada electoral. Los capacitadores se reducirán de 43,362 a 24,715, mientras que los supervisores pasarán de 7,251 a 4,941, generando un ahorro estimado de 2,500 millones de pesos.
Riesgos de Baja Participación
Expertos como Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, y Arturo Espinosa, analista electoral, advirtieron sobre el impacto negativo que estas condiciones podrían tener en la participación ciudadana, que estiman podría rondar el 10%. Según ellos, la complejidad del proceso, la falta de promoción y el reducido número de casillas desincentivarán el voto, resultando en un proceso marcado por el desinterés y el voto desinformado.
Preocupaciones sobre Calidad y Equidad Electoral
La falta de recursos y tiempo para organizar las elecciones plantea serias dudas sobre si se podrán mantener los estándares de calidad de procesos anteriores, así como garantizar la equidad entre los contendientes. Además, la complejidad de las boletas podría aumentar el número de votos nulos.
Espinosa también cuestionó el compromiso del Gobierno con el acceso universal al voto, señalando que las elecciones impulsadas previamente por la 4T, como la Revocación de Mandato y la Consulta Popular, registraron participaciones de apenas el 17% y el 7%, respectivamente.
El INE enfrenta un desafío histórico en esta elección, que muchos expertos consideran apresurada y con riesgos significativos para el futuro de la institución y la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
