Los empresarios restauranteros y comerciantes han denunciado que la ley antitabaco les ha traído pérdidas económicas, sin embargo, serán las autoridades judiciales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los que discutirán qué derechos son primordiales ante los amparos que se promoverán, señaló Ricardo Ugalde, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Destacó que en dicha discusión abierta por los procesos judiciales estará la determinación de qué derecho es más importante, si la salud, el derecho económico o la libertad de expresión.
Por su parte, explicó que él considera que el nuevo reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco es una medida prohibicionista, y lo que busca es la protección de la salud de la población, mientras que hay personas que consideran que atenta contra la libertad de expresión o desarrollo de la personalidad.
Además, recordó que el reglamento fue aprobado e implementado en poco tiempo, y dieron a los restaurantes seis meses para adecuar espacios dentro de sus establecimientos para que se pueda fumar; sin embargo, desde el 2008 habían adecuado terrazas por la ley que se aprobó en ese año.
