El Gobierno de México extraditó a 29 narcotraficantes solicitados por la justicia de Estados Unidos, marcando un cambio significativo en su estrategia de cooperación con el país vecino. Entre los extraditados destaca Rafael Caro Quintero, reclamado durante cuatro décadas por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
Esta acción representa un giro en la política de seguridad del Gobierno mexicano, poniendo fin a la estrategia de “abrazos, no balazos” y mostrando una mayor disposición a colaborar con la administración de Donald Trump en el combate al narcotráfico.
La entrega de estos capos podría tener repercusiones tanto en la relación bilateral como en la dinámica del crimen organizado en México, ya que deja vacíos de poder dentro de los cárteles que podrían desatar nuevas disputas internas.
