Mineros de la comunidad de La Plazuela, en el municipio queretano de Peñamiller, rechazaron las acusaciones contenidas en un informe de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA), el cual sugiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría involucrado en actividades mineras ilegales para obtener mercurio y enviarlo de contrabando a países sudamericanos como Perú.
Los trabajadores aseguraron que nunca han participado en operaciones comerciales irregulares y pusieron en duda la validez de dicha investigación. Señalaron además que la venta de mercurio en su forma natural, es decir, en cinabrio, resulta poco rentable en comparación con su versión procesada, lo cual hace cuestionable la lógica detrás del presunto interés criminal.
En relación con las supuestas minas «fortificadas», explicaron que no existen tales estructuras. Aclararon que, por razones de seguridad, los propios ejidatarios de La Plazuela decidieron construir un arco de acceso con cámaras de vigilancia, especialmente después del robo de una caja fuerte en la mina Cristo Vive, donde también se colocaron portones y cadenas para proteger las instalaciones.
También relataron que, en una ocasión, personas intentaron ingresar sin autorización a la zona minera, pero se les negó el paso. Posteriormente supieron que podría tratarse de representantes de la EIA, lo que, según su testimonio, contradice la versión de que miembros del CJNG hayan intimidado a los investigadores.
Los mineros enfatizaron que las minas están organizadas en pequeños comités locales y cuentan con concesiones legales para su operación.
Respecto a las referencias de la EIA sobre personas con presuntos nexos políticos, cuestionaron la información al señalar que la mujer mencionada nunca fue diputada federal por el PAN y actualmente no forma parte de ese partido. En cuanto al empresario queretano aludido en el reporte, destacaron que sus exportaciones de mercurio a países como Colombia, Bolivia y Perú están documentadas desde antes de que entrara en vigor el Convenio de Minamata en 2017, y dentro del marco legal que permitió estas actividades hasta 2023.
Finalmente, las autoridades peruanas no han confirmado oficialmente el decomiso de cuatro toneladas de mercurio en sus aduanas, ni han precisado la naturaleza del material asegurado, por lo que se dieron un plazo de 90 días para esclarecer los hechos.
Los testimonios de los mineros, la documentación pública sobre las exportaciones del empresario, y la falta de una postura oficial por parte de Perú, cuestionan la solidez del informe de la EIA.
