Colectivos, organizaciones civiles y ciudadanos promovieron un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, acusando al Congreso local y al Ejecutivo estatal de Querétaro por omisión legislativa y administrativa en la emisión de la Ley estatal de Movilidad y Seguridad Vial, pendiente desde mayo de 2022 tras la publicación de la Ley General en la materia.
Juan Carlos Bravo, representante de los promoventes, explicó que el recurso legal se interpuso luego de agotar mecanismos como mesas técnicas, diálogo público y compromisos incumplidos. Señaló que la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, presidida por el diputado Enrique Correa Sada, ha reconocido públicamente la necesidad de legislar, pero no ha promovido iniciativas formales ni dictaminado las ya existentes, incluida una presentada por el Ejecutivo anterior y otra ingresada en enero de 2025 por el diputado Arturo Maximiliano García.
El recurso también señala omisión del Poder Ejecutivo estatal al no ejercer su facultad de iniciativa ni implementar acciones urgentes para proteger a usuarios vulnerables del espacio público. Los colectivos advirtieron que en 2023 se registraron 129 muertes por siniestros viales en Querétaro, en su mayoría peatones, ciclistas y motociclistas.
El amparo solicita que el Poder Judicial reconozca formalmente la omisión legislativa y ordene emitir la ley estatal en un plazo razonable. También pide que se obligue al Ejecutivo a presentar una iniciativa propia en caso de que el Congreso no actúe, e implementar medidas urgentes de seguridad vial.
Entre los puntos que plantea el recurso se incluye la creación del Sistema Estatal de Movilidad, observatorios ciudadanos, programas presupuestados y procesos participativos, además de pedir se declare la violación de derechos como movilidad segura, medio ambiente sano, salud, vida, acceso a la información y seguridad jurídica.
“Queremos una ciudad donde caminar, pedalear o tomar transporte público no sea un riesgo de muerte. Queremos que las leyes sirvan para protegernos, no solo para sancionarnos”, expresó Bravo, subrayando que la acción legal no es una confrontación política, sino una exigencia legítima de cumplimiento legal y democrático.
