El Senado de la República aprobó con 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones un paquete de reformas enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México, a través de nuevas herramientas tecnológicas como la creación de la CURP biométrica y una Plataforma Única de Identidad.
La nueva CURP integrará de forma obligatoria datos biométricos, incluyendo huellas dactilares y fotografía, en formatos físico y digital, y será el documento nacional de identificación. Aunque el objetivo central de las reformas es mejorar la respuesta institucional frente a la crisis de desapariciones, sectores políticos y sociales han expresado serias preocupaciones por la posible vulneración al derecho a la privacidad y protección de datos personales.
Una de las disposiciones más cuestionadas es que tanto instituciones públicas como privadas estarán obligadas a permitir el acceso a sus bases de datos identificativos y biométricos a las fiscalías, cuerpos de seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia, exclusivamente con fines de búsqueda.
Además, se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, se refuerza el uso de la Ficha de Búsqueda —en formatos físico y digital—, y se obliga a que toda prueba genética o dactiloscópica relacionada con restos humanos sea registrada en un máximo de tres días en el Banco Nacional de Datos Forenses.
Durante la discusión, legisladores de oposición señalaron el riesgo de usar la tragedia humanitaria como justificación para crear mecanismos de vigilancia masiva. “No se puede combatir una crisis violando derechos fundamentales”, advirtió la panista Imelda Sanmiguel. Por su parte, la emecista Alejandra Barrales reconoció que, aunque muchas familias ven esperanza en estas medidas, el proyecto representa un paso peligroso en materia de control estatal.
Desde Morena, la senadora Olga Patricia Sosa defendió la reforma y aseguró que los datos biométricos estarán protegidos por protocolos específicos con fines exclusivamente humanitarios. La también morenista Malú Micher afirmó que la iniciativa representa un paso estructural para responder al dolor de las familias y dignificar la búsqueda.
La reforma también establece la creación de fiscalías especializadas con unidades de búsqueda inmediata, delitos cibernéticos y atención a víctimas, así como el uso legal de imágenes satelitales y drones en operativos de localización.
Tras su aprobación en el Senado, el paquete legislativo fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación final. Mientras tanto, diversos colectivos y organismos de derechos humanos seguirán de cerca su evolución, exigiendo que el uso de la tecnología no sea excusa para vulnerar garantías individuales.
