La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación formal por los actos de represión, tortura y detenciones arbitrarias cometidos durante las recientes marchas por el agua en Guadalajara. El organismo denunció que la administración de Pablo Lemus desplegó un operativo policial con uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, activistas y miembros de la comunidad LGBTQ+, señalando además que Casa Jalisco habría funcionado como un centro de abusos durante las movilizaciones ciudadanas.
Tras evaluar a las víctimas liberadas, la CNDH exigió la aplicación urgente del Protocolo de Estambul debido a las graves afectaciones físicas y psicológicas documentadas, destacando el estado crítico de un estudiante de derecho con fractura cervical. Ante la inacción de las autoridades estatales y la presunta fabricación de delitos, la dependencia federal abrió su propio expediente para esclarecer estas severas violaciones a los derechos humanos y garantizar la defensa adecuada de los afectados.
