El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha autorizado presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la jueza María Gabriela Ruiz Márquez y el juez Sergio Santa María Chamú, quienes otorgaron suspensiones definitivas en contra de la reforma judicial. Esta decisión fue revelada por la magistrada Julia María del Carmen García González, quien mostró su solidaridad con ambos jueces, sugiriendo que el Poder Judicial está siendo cooptado por el oficialismo.
Desde noviembre de 2024, el juez Santa María Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, aceptó un juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), buscando prevenir el “cese masivo” de jueces en el país. Poco después, otorgó una suspensión definitiva para frenar los efectos de la reforma judicial.
Simultáneamente, la jueza Ruiz Márquez, en Jalisco, también otorgó una suspensión para evitar la implementación de la elección judicial. Sin embargo, esta decisión ha sido interpretada por algunos como una «persecución penal», con los juzgadores acusando presiones del oficialismo.
Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las suspensiones judiciales no pueden invalidar resoluciones electorales, lo que llevó al Consejo de la Judicatura a dar el visto bueno a la denuncia ante la FGR.
Como respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dictó que las suspensiones judiciales no son aplicables en materia electoral, los jueces federales decidieron cancelar sus conferencias matutinas, aunque continuarán defendiendo sus resoluciones a través de juicios de amparo y mecanismos internacionales.
El magistrado José Rogelio Alanís García expresó que la República que defendían ha muerto, pero aseguró que seguirán luchando por restaurar la justicia.
