Este 19 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobará la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que transferirá el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con el apoyo mayoritario de los partidos Morena, PT y PVEM, la reforma se aprobará después de cinco años de desacuerdos con la oposición. El objetivo es fortalecer la capacidad de la GN para combatir la inseguridad que afecta a diversas regiones del país, dotándola de nuevas facultades y alineándola bajo la tutela del Ejército.
El dictamen establece que el titular de la GN deberá ser un general de división, designado directamente por el presidente de la República con el visto bueno del titular del Ejército. Esta disposición ha generado fuertes críticas de partidos como el PAN, PRI y MC, además de diversas organizaciones civiles que advierten sobre los riesgos de una posible militarización del país. En respuesta, el gobierno defiende la reforma como una medida necesaria para enfrentar la situación de violencia y crimen organizado en México.
La reforma incluye la modificación de 12 artículos de la Constitución, entre ellos el 13, 16, 21, 73 y 89, para formalizar el nuevo papel de la GN en la seguridad pública. Expertos del Centro Prodh han advertido que este cambio representa un aumento considerable del poder militar en México, lo que podría afectar el equilibrio entre las instituciones civiles y militares. Sin embargo, el gobierno sostiene que la GN seguirá siendo una institución de seguridad pública, aunque ahora bajo la estructura militar, para mejorar su operatividad en el combate a la delincuencia.
