Con 362 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que adscriben completamente a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio refuerza su papel en la seguridad pública y establece su coordinación con entidades federativas y municipios para la protección de bienes y recursos de la nación.
A pesar de las 433 reservas presentadas principalmente por la oposición, la mayoría de Morena, PT y PVEM se negó a realizar modificaciones al dictamen. El decreto modifica el artículo 21 de la Constitución, estableciendo que la investigación de delitos corresponderá al Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, bajo la conducción de las autoridades correspondientes.
