La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a una red de siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) por simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones con empresas factureras. Como parte de estas indagatorias, las autoridades mantienen bloqueadas 70 cuentas bancarias, las cuales se suman a las más de 400 cuentas congeladas entre 2023 y 2024. Este presunto esquema de corrupción es encabezado por los hermanos Hernández Casillas, operadores de firmas como Corporativo Zeg y Cajas Graf.
El rastreo financiero apunta a severos conflictos de interés que involucran a exdirectivos vinculados a la administración de la actual presidenta del organismo, Guadalupe Taddei. Uno de los principales perfiles bajo la lupa es Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE, quien ocupó el cargo público tras haber fungido como representante legal de Corporativo Zeg, empresa beneficiada con millonarios contratos para proveer las urnas y mamparas de los comicios.
Las pesquisas de la UIF también abarcan licitaciones irregulares registradas durante la gestión de Taddei en el instituto electoral de Sonora, donde se acreditó el favoritismo sistemático hacia este grupo empresarial. Además, la red salpica a otros empleados de la nómina oficial, incluido un supuesto chofer asignado a la oficina de la presidencia del instituto que figura como apoderado legal de las firmas investigadas.
