La política queretana vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que va más allá de los partidos, ¿qué tan cerca están las autoridades de los problemas reales de la ciudadanía? En la conversación con Armando Rivera, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, aparece una crítica constante hacia la manera en que actualmente se gobierna, muchas acciones visibles, videos y mensajes públicos, pero, desde su perspectiva, pocas respuestas que lleguen al fondo de los problemas.
El escenario es Querétaro y el momento está marcado por la cercanía del proceso electoral. Rivera habla desde su posición dentro de Movimiento Ciudadano, partido que, según explica, se encuentra recorriendo colonias, mercados y cruceros para identificar liderazgos sociales y conocer directamente las problemáticas de la población. La intención que plantea es que al menos la mitad de las candidaturas puedan surgir de ciudadanos y que quienes quieran participar lleguen con causas, propuestas, liderazgo y trabajo social.
Pero la conversación cambia de tono cuando aparece el tema de la transparencia. El gobernador ha planteado un “seis de seis” relacionado con declaraciones y pruebas como el polígrafo, mientras que desde otros sectores se habla incluso de agregar más requisitos. Rivera considera que la idea de exigir transparencia es positiva, pero cuestiona quién realiza las evaluaciones y, sobre todo, quién verifica que la información presentada sea verdadera.
Ahí aparece uno de los puntos centrales de su argumento, la transparencia no debería limitarse a una fotografía del patrimonio actual de un funcionario. La propuesta que expone es revisar cómo ha cambiado ese patrimonio a lo largo de los años, de dónde provienen los recursos y que sean instituciones o representantes de la sociedad civil quienes puedan validar la información. En su planteamiento, el objetivo sería cerrar espacios al dinero de procedencia ilícita y generar mayor certeza sobre quienes ocupan cargos públicos.
La crítica se extiende al polígrafo. Rivera cuestiona que una autoridad pueda contratar por su cuenta a una empresa privada para realizar la prueba y considera que, si realmente se quiere hablar de transparencia, deberían participar organismos externos que avalen tanto las preguntas como los resultados. Por eso Movimiento Ciudadano, según lo expuesto en la entrevista, presentó una iniciativa de ley relacionada con estos mecanismos y plantea modificar distintas disposiciones para reforzar los filtros de transparencia.
¿Dónde aparece entonces el problema? Para Rivera, no solamente en los requisitos, sino en la forma de aplicarlos. Su argumento es que pueden existir propuestas atractivas para redes sociales que terminan convirtiéndose en videos y publicidad sin llegar al fondo del asunto. La crítica es directa, si se habla de transparencia, debería existir una revisión real y no únicamente una acción que pueda comunicarse públicamente.
La misma discusión aparece cuando se aborda el llamado semáforo inmobiliario del municipio. La intención de proteger a quienes compran una vivienda es reconocida como positiva, pero Rivera cuestiona que la información disponible no se actualice con la misma rapidez con la que cambian los desarrollos. Desde su perspectiva, los trámites y renovaciones también enfrentan retrasos que pueden generar problemas para quienes necesitan respuestas de la autoridad.
El punto más delicado de esta parte de la conversación es la relación entre burocracia y posibles actos de corrupción. Rivera plantea que cuando un trámite tarda demasiado, pueden aparecer gestores que ofrecen resolverlo más rápido a cambio de un costo adicional. Por eso propone mecanismos como la afirmativa ficta, de manera que si una autoridad no responde dentro del plazo establecido, pueda entenderse que la solicitud ha sido aprobada cuando la documentación esté completa.
¿Quiénes están involucrados en esta discusión? Autoridades estatales y municipales, funcionarios, desarrolladores, ciudadanos, organismos de la sociedad civil y los propios partidos políticos. ¿Cuándo ocurre? En un momento que el entrevistado relaciona directamente con la cercanía de las campañas y con una clase política que, según su percepción, comienza a concentrarse en la promoción electoral.
Ese cuestionamiento también aparece al hablar de los informes de gobierno. Rivera compara el modelo actual con una etapa en la que, según recuerda, los informes podían realizarse con espacios abiertos para que cualquier ciudadano asistiera y escuchara directamente al alcalde. Frente a ello, critica los eventos actuales en los que las autoridades aparecen acompañadas por numerosos colaboradores y considera que existe un distanciamiento entre los funcionarios y la ciudadanía.
La conversación incluso lleva esta crítica al terreno partidista. Rivera reconoce que algunos panistas se han acercado a él y que existen personas interesadas en participar con Movimiento Ciudadano, aunque aclara que, en su lectura, algunos se acercan directamente a su figura y no necesariamente al partido. También rechaza que exista una nostalgia por el PAN y señala que algunos militantes activos le han planteado participar junto a él en futuros espacios.
Al final, la transcripción deja una idea que atraviesa toda la conversación: gobernar no debería reducirse a comunicar que se está trabajando. La discusión sobre transparencia, desarrollo urbano, informes de gobierno y cercanía con la ciudadanía apunta hacia una misma exigencia: que las autoridades no solamente muestren resultados, sino que permitan cuestionarlos y comprobarlos.
En Querétaro, el debate que plantea Armando Rivera coloca frente a frente dos formas de entender la política: una centrada en la comunicación de acciones y otra que exige mecanismos de revisión, participación y contacto directo con la sociedad. La pregunta que queda abierta no es solamente quién competirá en el próximo proceso electoral, sino qué tan dispuestas estarán las autoridades y los partidos a demostrar, más allá de los videos, que están atendiendo los problemas que la ciudadanía les está planteando.
