Por: Griselda Osejo
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Estamos en el tiempo de informar y, como bien lo dijo el actual Presidente de la Mesa de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Querétaro, se trata de un acto republicano de rendición de cuentas. También me permitiré citar el fragmento de su discurso donde mencionó que el informe está dirigido al pueblo queretano, quien es el legítimo “destinatario de [las] decisiones de [esa] soberanía y ante quien [tienen] la obligación permanente de informar y responder y el actuar de [su] responsabilidad legislativa” (Piedragil, 2026), y agregaré que esto es aplicable también para los otros poderes, adaptado, claro, a sus facultades.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro establece cuatro eventos anuales de suma importancia. En su artículo 16, fracción XVIII, señala que corresponde a la Legislatura local rendir su informe durante el mes de agosto. Por su parte, el artículo 22, fracción X, establece que el gobernador deberá rendir su informe en septiembre de cada año, salvo en el último año de su mandato, cuando deberá hacerlo en agosto. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción VII, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá presentar en septiembre un informe sobre el estado que guarda la impartición de justicia en Querétaro. Finalmente, el artículo 37 establece que el presidente municipal deberá rendir ante el Ayuntamiento un informe sobre la situación general de la administración municipal. Como es posible observar, la temporada de informes corresponde al plazo de agosto-septiembre y se busca con estos exponer lo realizado en el cumplimiento de las obligaciones y metas correspondientes.
Los informes me parecen un buen esfuerzo jurídico por lograr el gobierno abierto, pero este concepto es mucho más amplio; de conformidad con la definición proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016), consiste en una cultura de gobernanza que se basa en políticas públicas sustentables e innovadoras y que se basa en tres principios: transparencia, responsabilidad y colaboración.
En el ámbito político y gubernamental, hablar de transparencia se relaciona con la presentación de declaraciones de servidores públicos y la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual es acertado cuando se analiza a la luz de lo señalado por Fung, Graham y Weil (2007), quienes hace veinte años hablaban de tres generaciones de legislación en pro de la transparencia. La primera atendía a políticas del derecho a saber, que poco a poco habrían comenzado a abrir al gobierno; la segunda se enfocó en las políticas de transparencia directas, que se volvían más y más específicas respecto de sus requerimientos y metas fijadas; y la tercera considera la colaboración utilizando tecnología para combinar la información de las dos generaciones anteriores, enfocadas principalmente en el usuario, y con el apoyo de un gobierno facilitador para obtener información en tiempo real, que a su vez reduzca los riesgos y los defectos del servicio público. En teoría, esto se lleva a cabo en la vida diaria, cuando se transmiten las sesiones de comisión o de pleno de la Legislatura, por ejemplo. Cabe aclarar que no estoy diciendo que los métodos actuales sean perfectos o que la transparencia en México no tenga áreas de oportunidad, porque sería una mentira, especialmente en un país que tanto ha sufrido de corrupción, una enfermedad que no ha podido ser curada del todo, ni siquiera con la implementación de estos ejercicios de transparencia.
Aunado a esto, la responsabilidad a que refiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos debe ser entendida como el deber ser del gobierno de informar a la ciudadanía sobre las decisiones que se toman, las actividades que se llevan a cabo y su efectividad. Es en este principio donde yo me atrevería a incluir los informes de gobierno, aunque creo que, como área de oportunidad, habría que enlistar los errores de la administración en cualquier nivel, para poder dar a conocer los esfuerzos no fructíferos, sin el afán de engrandecer la labor, sino volviendo al punto más relevante: proporcionar conocimiento y herramientas a la ciudadanía, especialmente porque le corresponde a esta legitimar -o no- al gobierno y su actuar.
El último principio del gobierno abierto es el de la participación, que nuevamente resalta la importancia del involucramiento de la ciudadanía en la implementación de políticas o planes. Esta participación que abona al gobierno abierto consiste en habilitar espacios para que la gente interactúe directamente con las autoridades. Las aportaciones que la sociedad civil y el sector privado pueden hacer para la consulta y aportación de información son de suma importancia. Las organizaciones civiles involucradas en distintos ámbitos de interés hacen su propia labor de recopilación de datos, misma que el gobierno debería aprovechar directamente; son fuente de información, con metodologías desarrolladas específicamente para el ámbito en el que se desarrollan. Incluir a la ciudadanía de esta y de otras maneras facilita a la autoridad su trabajo y limita su uso de recursos.
Hablar de informes de gobierno sí es hablar de gobierno abierto, pero no en su totalidad. El gobierno abierto implica una responsabilidad mucho mayor: escuchar a los ciudadanos que representas, aprovechar las tecnologías que hoy tienes a tu alcance y construir soluciones en favor de tu comunidad.
Cuando trabajes en tu próximo informe, no olvides llevar estos principios a tu vida diaria: la participación, la responsabilidad y la transparencia. Cada acción que realizas para transparentar el ejercicio del gobierno contribuye a fortalecer la confianza y, con ello, a mejorar la sociedad en la que hoy te desenvuelves.
