Revista

¿Cómo afecta el Plan B en la instalación de casillas?

Por Fernanda Farías

Diversas luchas sociales permitieron transitar de elecciones de Estado a procesos democráticos ciudadanizados en donde nos hemos acostumbrado a qué elección tras elección, nuestras vecinas y vecinos son quienes cuentan nuestro voto. Lo antes mencionado se encuentra en riesgo, ya que gracias a las modificaciones que plantea el ‘Plan B’, las elecciones como hasta ahora las conocemos podrían no volver a suceder.

Las personas que se desempeñan como funcionarias de Mesa Directiva de Casilla (casilla/s) son seleccionadas mediante un proceso de doble insaculación y posteriormente nombradas y capacitadas para llevar a cabo su ardua y patriótica labor, misma que da inicio el día de la jornada electoral con la apertura de las casillas y concluye cuando se terminan de clasificar y contar la totalidad de los votos emitidos. 

En este punto resulta imprescindible señalar que el proceso de integración e instalación de las casillas no sería posible sin el trabajo realizado en las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, órganos que operan de forma permanente integrados por cinco vocales — todas y todos ellos miembros del servicio civil de carrera del INE— que realizan, entre muchas otras funciones, la actualización de las secciones electorales y las diligencias para determinar la ubicación de las casillas, además de las actividades de capacitación para las y los funcionarios que llevan a cabo el conteo de la votación el día de la jornada comicial. 

La reforma a las leyes secundarias en materia electoral, mejor conocida como ‘Plan B’, plantea ‘abaratar las elecciones’ mediante el desmantelamiento de las Juntas Distritales Ejecutivas, implementando una oficina auxiliar en donde una sola persona asumirá todas las labores que originalmente coordinan cinco vocales, lo que se traduce en una carga excesiva de trabajo cuya consecuencia directa a largo plazo sería —invariablemente—asfixiar a nuestro sistema electoral.  Del mismo modo, esta reforma propone cambios en la insaculación y capacitación de la ciudadanía, reduciendo el número de personas sorteadas y los tiempos en los que se llevan a cabo las actividades relativas a la capacitación electoral. 

Lo anterior significaría no asegurar la instalación de las casillas, ni la participación de personas funcionarias debidamente insaculadas y capacitadas para el conteo de los sufragios. Esto imposibilitaría la emisión del voto directo, libre y secreto, y también abriría la puerta a la anulación de la elección al no lograrse la instalación del 20% de las casillas en un distrito electoral. 

Es por eso por lo que resulta importante recordar que, desde hace más de 30 años, la ciudadanía se ha apropiado de las elecciones, permitiendo que las casillas sean un lugar libre y seguro para la emisión del sufragio. Arriesgar la instalación e integración de las casillas, es también arriesgar la democracia. No podemos echar por la borda todo lo que hasta ahora hemos conquistado. 

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