Por José Luis Barrón.
Hablar de movilidad no es un asunto sencillo debido a la importancia que este fenómeno social ha tomado en los últimos años ante los retos urbanos, ambientales y de igualdad e inclusión que demanda la sociedad en su conjunto de tal manera que estamos ante un asunto harto complejo, y es por ello, que debe abordarse tocando diversas aristas de la gestión gubernamental y de la sociedad tomando en cuenta que es difícil establecer una sola problemática y como consecuencia una solución absoluta.
El derecho a la movilidad ha sido denominado por diversos investigadores y juristas como un “derecho llave”, es decir, un derecho que te permite abrir la puerta o llegar a disfrutar de otros derechos humanos, como ejemplo, podemos decir que garantizar el derecho a la movilidad para llegar a la clínica, fue la llave para disfrutar de tu derecho a la salud, lo mismo al llevarte a la escuela o el trabajo, que conlleva el garantizar el disfrute de tus derechos a la educación y al trabajo, respectivamente.
Datos estadísticos han dejado en evidencia que la desigualdad social y económica tiene una estrecha relación con los problemas de movilidad. Es decir, entre más alto es tu nivel socioeconómico menor es tu problema de movilidad, pero a la inversa, mientras más vulnerable es tu situación económica mayor son los problemas de movilidad y en este sentido, una gran mayoría de personas convive todos los días con la dificultad para llegar a sus centros laborales, educativos e incluso de esparcimiento.
Es por ello que, en el año 2017 en la ciudad de Nueva York, al definir la agenda 2030, la Organización de las Naciones Unidas, manifestó que el cuarto factor de contaminación del medio ambiente a nivel global es el transporte de personas y mercancías, por lo que solicitó a los estados firmantes migrar hacía modalidades de transporte sostenibles, dando pie a que gobiernos, académicos y sociedad civil comenzaran a la aplicación de políticas publicas en esta materia y a un intenso debate que a la fecha lo ha tornado en uno de los asuntos más importantes en las agendas gubernamentales.
En nuestro país, en el año 2022, se aprobó la reforma constitucional para reconocer el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, sostenibilidad, accesibilidad, calidad e igualdad. Además, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Lo antes referido, fue producto de una acción de parlamento abierto, en donde participaron transportistas, ciclistas, personas con problemas de movilidad, personas con capacidades diferentes, ambientalistas y las autoridades de los diferentes ordenes de gobierno.
En nuestro Estado, previo a armonizar la constitución política local y reconocer el derecho humano a la movilidad de los queretanos, indebidamente el Poder Legislativo aprobó una reforma, que adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de movilidad en nuestro Estado y en concreto para regular el transporte público sin abrir el debate a un ejercicio de parlamento abierto y posterior a la aprobación de estas reformas se reconoció el derecho humano a la movilidad, lo que anuló la oportunidad de escuchar a expertos y a la sociedad civil para enriquecer este trabajo legislativo.
Hoy en el estado de Querétaro, llegan a vivir 118 personas diariamente y con ellos más vehículos que se sumarán al parque vehicular que tenemos y que es aproximadamente de 778,000 unidades. Sumado a lo anterior, contamos con un pésimo sistema de transporte público metropolitano, que funciona a partir del modelo de concesiones, que se ha demostrado reiteradamente que es arcaico y disfuncional toda vez que obedece principalmente a los intereses económicos de los concesionarios y particulares. Por tal razón, los queretanos no vemos como opción utilizar el transporte público colectivo derivado de sus múltiples vicios, lo que conlleva a que utilicemos en exceso el vehículo privado, contribuyendo con ello a generar más contaminación, problemas de tráfico, estrés, perdidas económicas y un sin número de problemas, quedando el transporte público metropolitano solo como opción para quienes desafortunadamente se encuentran en las peores condiciones de desigualdad social y económica.
