Por: Staff
Fotos: Edith Rodríguez
Desde la Cámara de Diputados, el legislador federal por Querétaro, Luis Humberto Fernández Fuentes, ha levantado la voz contra uno de los males más silenciosos pero extendidos en México: la corrupción inmobiliaria. Su propuesta es clara y directa: que este tipo de actos se conviertan en delitos federales, con sanciones severas para quienes, desde el poder o el sector privado, se coluden para beneficiar unos cuantos a costa de comunidades enteras.
La iniciativa contempla cambios al Código Penal Federal y a varias leyes clave en materia de responsabilidad administrativa y combate al crimen organizado. El objetivo es cerrar la puerta a prácticas que se han vuelto comunes: despojos de tierras, venta de lotes sin servicios, cambios ilegales de uso de suelo y pactos oscuros entre autoridades y desarrolladores.
Fernández Fuentes, abogado de formación, no es ajeno a estas realidades. Conoce de cerca los casos en que ejidatarios son presionados para vender sus terrenos a precios ínfimos, sólo para que, semanas después, el valor se dispare tras algún trámite exprés conseguido con favores. “Lo que se busca es proteger a las familias, no frenar el desarrollo”, ha dicho.
Las penas que propone van de cinco a diez años de prisión, y aumentan si hay servidores públicos involucrados. En casos así, la condena podría incrementarse hasta en un 50%. Más allá del castigo, la intención es enviar un mensaje claro: el despojo disfrazado de legalidad ya no puede seguir siendo tolerado.
Cercano a la gente, directo en sus intervenciones y crítico de los excesos del poder, ha buscado que su trabajo tenga eco más allá del recinto legislativo. No le interesa solo legislar, sino poner el foco en temas que muchas veces se barren debajo de la alfombra.
Lejos del protagonismo fácil, su estilo es más bien el del político serio, que construye desde el fondo y no desde el escándalo. En su trayectoria ha abordado temas como la justicia educativa, los derechos laborales y la rendición de cuentas, con una visión que cruza lo jurídico y lo social.
Esta nueva propuesta representa un paso importante en una agenda más amplia: la de recuperar la confianza en las instituciones, en la ley y en un futuro donde el crecimiento de las ciudades no signifique pisotear derechos.
Si la iniciativa avanza, no sólo se castigará a quienes lucran con la necesidad de otros; también se marcará un precedente. Y eso, en un país que tanto necesita reglas claras y consecuencias reales, no es poca cosa.
