Por: Mariela Ponce Villa*
Foto: Especiales
En las personas del sexo femenino que se relacionan con el sistema de justicia penal como acusadas, en un alto porcentaje influyen causas y factores para cometer delitos, diversas a las de los hombres. Lo anterior lo sostengo a partir de mi experiencia como juzgadora en materia penal y me baso en dos premisas: primero, cometen delitos porque las involucra su pareja sentimental y, segundo, han sido víctimas de diversos tipos de violencia.
La participación de las mujeres en actividades delictivas es multifactorial (circunstancias sociales, económicas y culturales), pero en mayor medida es derivado de su situación de desigualdad que enfrentan.
Los factores mayormente identificados que conducen a la delincuencia femenina, inician por la relación sentimental con su pareja masculina y la coerción que éste ejerce sobre ella, principalmente por temas de género.
Conocí un caso de secuestro donde la mujer sentenciada era la esposa de uno de los principales actores del delito; su rol fue el de alimentar a la víctima en cautiverio por las presiones que su esposo ejercía sobre ella. En la liberación de la víctima, no se logró la detención del marido, pero sí de ella. Expuso en juicio la situación de violencia de género que vivió a lo largo de su matrimonio, incluso, la violencia física que su esposo ejercía sobre los hijos. Como ella lo mencionó: no le quedaba de otra más que “obedecer” a su esposo. En otro caso, una adolescente embarazada era utilizada por su pareja para cometer diversos delitos de fraudes o, una más, que fue procesada por encontrar en su casa armas de fuego que poseía su pareja sentimental que le triplicaba la edad.
La violencia de género que sufren muchas mujeres delincuentes, es un componente que no forma parte de las investigaciones ministeriales ni en la integración de los juicios penales instaurados en su contra.
Otro factor importante es lo que se ha denominado la feminización de la pobreza. Las mujeres enfrentan desafíos económicos significativos, incluyendo menores oportunidades laborales y salarios más bajos en comparación con los hombres. La falta de recursos y oportunidades legítimas las coloca en situaciones vulnerables donde el delito se percibe, erróneamente, como una salida viable en la que en muchas ocasiones, incluso, utilizan a los hijos y son acusadas por las conductas que comenten en relación con estos.
Según datos del INEGI, en 2021, el 24.1% de las mujeres procesadas cometieron el delito de secuestro y secuestro exprés; el 9.7% fueron procesadas por posesión de narcóticos; el 8.3% por delincuencia organizada; y el 5.1% por narcomenudeo en su modalidad de comercio. Este tipo de delitos nos habla de la presencia del factor “violencia de género” para que las mujeres los cometan.
Las mujeres no sólo enfrentan condiciones adversas que las llevan a delinquir, sino que también se enfrentan a un sistema de justicia donde la perspectiva de género está centrada en la mujer víctima, lo cual es correcto, pero debemos ampliar la visión para que al juzgar a mujeres acusadas de haber cometido un delito, lo hagamos igual con perspectiva de género para que la respuesta del Estado no contribuya al círculo de violencia en que ha estado involucrada una mujer. Además de que las “delincuentes” son abandonadas por sus familias, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y dificulta su reinserción social.
Es imperativo que las políticas públicas aborden las causas subyacentes promoviendo la igualdad de género, mejorando las oportunidades económicas para las mujeres y garantizarles un sistema de justicia que considere las circunstancias particulares que enfrentan. Solo a través de un enfoque integral se podrá reducir la incidencia delictiva femenina y asegurar una reintegración efectiva de estas mujeres a la sociedad.
