La nueva fecha límite dependerá del último dígito de cada número telefónico, con plazos que van del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2026. La autoridad informó que las líneas que no sean registradas podrán ser suspendidas 72 horas después de vencer su plazo correspondiente, aunque mantendrán acceso a llamadas de emergencia y servicios esenciales. Asimismo, rechazó que el programa tenga fines de vigilancia y aseguró que el trámite es realizado directamente por las compañías telefónicas.

Según los reportes, las nuevas fechas límite quedarían así: 0 (15 de agosto), 1 (31 de agosto), 2 (15 de septiembre), 3 (30 de septiembre), 4 (15 de octubre), 5 (31 de octubre), 6 (15 de noviembre), 7 (30 de noviembre), 8 (15 de diciembre) y 9 (31 de diciembre de 2026). Tras vencer la fecha correspondiente, las líneas no registradas podrían ser suspendidas y quedar limitadas a llamadas de emergencia hasta completar el trámite.

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De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, todas las compañías telefónicas están obligadas a solicitar este registro a sus usuarios. Las reglas ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que su cumplimiento es de carácter obligatorio a nivel nacional. El gobierno federal sostiene que la identificación del titular de cada línea permitirá mejorar la prevención y persecución de delitos cometidos a través de dispositivos móviles.

Las autoridades advirtieron que existe un plazo límite para cumplir con este trámite: si al 29 de junio de 2026 la línea no ha sido registrada, el número será suspendido o dado de baja, independientemente de que se trate de un plan mensual o un esquema prepago. Para evitar afectaciones, los usuarios deberán acudir directamente con su compañía telefónica y realizar el proceso de vinculación conforme a los lineamientos establecidos.

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La restricción aplicará para estudiantes de nivel básico y medio superior, tanto en escuelas públicas como privadas. Los lineamientos fueron presentados en la Primera Sesión Extraordinaria 2025 del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

El objetivo de esta medida es mejorar la convivencia escolar y crear entornos digitales más seguros, limitando el acceso a dispositivos móviles durante las clases, salvo en casos de emergencia o para fines estrictamente educativos.

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Esta decisión, tomada durante la primera sesión extraordinaria de 2025, busca crear entornos digitales más seguros y proteger los derechos humanos de los estudiantes. La medida permitirá el uso de los dispositivos únicamente para fines educativos o en caso de emergencia.

El cumplimiento de esta medida dependerá de cada escuela y el criterio de los docentes, sin sanciones directas. Se hizo un llamado a los padres de familia para apoyar la implementación. La nueva política entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga.

Carlos Alcaraz, Secretario de Gobierno, explicó que no se trata de una prohibición absoluta, sino de administrar el uso de los celulares con fines pedagógicos y supervisados por los docentes, promoviendo así una mayor interacción social entre los estudiantes.

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