Con el respaldo de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reviviendo la polémica cláusula de retroactividad que había sido retirada previamente por considerarse inconstitucional.
La iniciativa fue avalada con 76 votos a favor y 39 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, tras un intenso debate que incluyó audiencias públicas con especialistas, académicos y organizaciones civiles. Aunque en lo general se habían incorporado modificaciones a partir de dichas consultas, durante la discusión en lo particular la mayoría oficialista aprobó una reserva presentada por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara para modificar el Artículo Primero Transitorio.
Con esta modificación, el texto quedó establecido de la siguiente manera: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.
Huerta defendió el cambio argumentando que busca frenar el uso abusivo del juicio de amparo, el cual —dijo— ha sido utilizado para “retrasar la justicia, alargar procesos sin fin y evadir responsabilidades”. “Con esta modificación se cierran esas puertas de impunidad y se abre el camino a un cumplimiento efectivo de las sentencias”, aseguró desde tribuna.
El legislador rechazó que la reforma implique una aplicación retroactiva de la ley, algo prohibido por el artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley puede aplicarse con efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. “La regla general es que la ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante”, afirmó.
La oposición advirtió que la redacción aprobada sí podría interpretarse como retroactiva, al aplicarse a procesos judiciales que ya están en curso, y adelantó que la norma será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vulnerar derechos constitucionales.
La reforma ahora deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, aunque se anticipa que enfrentará una nueva batalla legal en los próximos meses.
