Este sábado entró en vigor la ley de inmigración SB 1718 en Florida, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis que tiene como objetivo perseguir a los inmigrantes indocumentados y obligar a los empresarios a cumplir con nuevas regulaciones. La norma ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos civiles debido a sus disposiciones restrictivas y controvertidas.
La ley establece que los empresarios con más de 25 empleados deben verificar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de una base de datos federal conocida como E-Verify. Aquellos que no cumplan con esta medida podrían enfrentar multas diarias de hasta 1,000 dólares hasta que demuestren que sus empleados poseen los documentos requeridos. Además, la ley amenaza con revocar de forma permanente las licencias de funcionamiento de las empresas que reincidan en la contratación de trabajadores indocumentados.
La SB 1718 también incluye disposiciones que limitan la emisión de identificaciones comunitarias, anulan los carnés de conducir emitidos por otros estados a conductores sin estatus legal, y exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia que indaguen sobre el estatus migratorio de los pacientes y proporcionen información sobre el costo de su atención. Otras medidas controvertidas de la ley incluyen restricciones en la compra de tierras por parte de ciudadanos de ciertos países y la obtención de muestras de ADN de inmigrantes indocumentados detenidos con una orden federal.
La implementación de esta ley ha generado preocupación y críticas por parte de grupos defensores de derechos civiles, quienes consideran que estas medidas son discriminatorias y hostiles hacia los inmigrantes y podrían afectar negativamente la relación entre las comunidades y las fuerzas de seguridad en Florida.
